Actualización sobre la Ley de Residuos y Suelos Contaminados
El pasado jueves, 31 de marzo, el Congreso de los Diputados celebró una sesión plenaria en la que se debatió y aprobó la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular para introducir al conjunto legal la Directiva de Residuos 2018/851 así como aspectos concretos de la Directiva sobre Plásticos de un Solo Uso 2019/904. Esta sesión fue celebrada tras el Pleno llevado a cabo el pasado 20 de marzo y el último paso para que entre en vigor es su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
La ley, en un principio, debería haber entrado en vigor antes del 3 de julio de 2021 según la directiva europea; no obstante, su prórroga ha dado algo más de tiempo a las empresas para poder adaptarse a estos cambios.
Según el proyecto de Real Decreto de Envases y Residuos de Envases, sus objetivos que más nos conciernen son:
- Que el 65% de los envases se reciclen en 2025 y el 70% en 2030.
- Conseguir una recogida separada de residuos de envases que hayan contenido productos peligrosos.
- Que los envases PET contengan al menos un 25% de plástico reciclado en 2025.
- Que los envases de plástico contengan al menos un 30% de plástico reciclado en 2030.
- Que para el año 2030, todos los envases sean reciclables y cuando sea posible, reutilizables.
También se introduce un impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables. Estarán sujetas a este gravamen la fabricación, la importación o la adquisición intracomunitaria de estos productos, salvo en el caso de medicamentos, productos sanitarios, alimentos para usos médicos especiales o preparados para lactantes de uso hospitalario. La base imponible del impuesto estará constituida por la cantidad de plástico no reciclado presente en el envase, que se gravará con 0,45 euros por kilogramo.
Un aspecto que sale a debate ante un objetivo que pretende que en 2030 todos los envases de plástico contengan al menos un 30% de plástico reciclado es la disponibilidad de material en el mercado para poder cumplir con este requisito.
En cuanto a los plásticos de un solo uso, la norma establece medidas que buscan reducir su consumo, teniendo que ser del 50% en peso para el 2026, con respecto a 2022; y en 2030 tendrá que llegar a una reducción de un 70%. Los vasos para bebidas y los recipientes para alimentos están sujetos a esta reducción. Por lo tanto, se debe promover el uso de alternativas reutilizables u otros materiales. Asimismo, a partir de 1 de enero de 2023, se debe cobrar un precio para estos productos plásticos, estando diferenciado el importe en el ticket.
Además, otros puntos importantes de la ley son el de establecer un calendario de recogida selectiva de biorresiduos y de residuos textiles, así como el objetivo de reducir los desechos urbanos un 15% para el año 2030, con respecto a las cifras del año 2010.
La Asociación de Empresas de Fabricantes y Distribuidores (Aecoc), considera inadecuado que la normativa rebase los objetivos marcados por la Unión Europea y que además lo haga incluyendo costes económicos a las empresas y poniendo en riesgo la competitividad de las compañías españolas que se verán obligadas a destinar mayores recursos que sus competidores extranjeros.